Jurisprudencia

Servicio del hogar familiar. Trabajadora que es despedida (en febrero de 2021) sin que conste la existencia de un registro horario que pruebe la realidad de la jornada desarrollada. Pretensión de que conste la realización de una jornada de 79 horas semanales.

La obligación de registro del horario diario que establece el artículo 34.9 del ET también se debe aplicar a la relación laboral especial del empleo doméstico, sin que ningún criterio interpretativo administrativo o judicial pueda excluir esta obligación legal, dado que el RD 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, no la ha excluido, a diferencia de lo que su artículo 9.3 hace en relación con el artículo 35.5 del ET.

Muerte y supervivencia. Accidente de trabajo. Determinación de la contingencia. Marinero-pescador embarcado en buque pesquero que fallece en su camarote por infarto de miocardio durante un descanso, después de haber realizado por la mañana labores de reparación y mantenimiento por una avería.

La jurisprudencia de esta Sala, ya desde antiguo, ha analizado la singular problemática de que el accidente que pueda sufrir un trabajador acontezca en un barco, ya que tal ubicación como centro de trabajo y, al mismo tiempo, como domicilio durante todo el periodo que dura el embarque, debe incidir en la calificación del siniestro, dada la singularidad del trabajo en el mar y el hecho de que si bien la jornada efectiva de trabajo está limitada, el tiempo de trabajo no tiene tal limitación, al existir la posibilidad de que en cualquier momento haya de ser prestada la efectiva actividad laboral.

La Sala de lo Social confirma el derecho del trabajador para poder corresponsabilizarse en el cuidado de sus dos hijos y una tercera menor en acogimiento. Entiende que la negativa de la empresa no está suficientemente motivada y que “cuando está en juego el interés de los menores, sus derechos exceden del ámbito estrictamente privado”. Condena a la empresa a abonar una indemnización de 7.500 euros

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha confirmado el derecho de un trabajador de RENFE, con categoría de maquinista, a ser trasladado temporalmente a una residencia laboral en Madrid por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. El fallo desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 2 de Cartagena, reconociendo el traslado geográfico como una modalidad de adaptación en la forma de prestación del trabajo -además del ajuste de la jornada o distribución horaria- del derecho a la conciliación, en el marco del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

Zara España. SA. Trabajadores contratados para prestar servicios de lunes a domingo que tienen fijado su descanso semanal un día concreto entre el lunes y el viernes. Práctica empresarial consistente en considerarlo disfrutado sin derecho a compensación cuando se solapa con un festivo.

En el caso analizado se trata de determinar si, en ausencia de ninguna voluntad torticera por parte de la empresa, quienes ven solapado su descanso semanal predeterminado con un festivo laboral tienen derecho a disfrutar de un día más de descanso que compense la pérdida causada por tal solapamiento. Para resolver tal debate hay que partir de las previsiones del artículo 37.2 del ET cuando señala -obviamente pensando en la generalidad de las personas trabajadoras por cuenta ajena en nuestro país, que disfrutan su descanso semanal en domingo- que si coincide el mismo con una festividad debe «ser, en todo caso, objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior».

Despido disciplinario. Solicitud por la actora de declaración de nulidad de la sentencia del juzgado de lo social, por ser arbitraria la valoración de la testifical realizada por la juzgadora.

En el caso analizado, la sentencia del juzgado de lo social no ha declarado probado ningún hecho vinculado con las pretensiones deducidas en el proceso, lo que implica que al tribunal le falten datos esenciales para resolver el recurso. Esta omisión no puede suplirse a través de la modificación de hechos probados propuesta en el recurso de suplicación, pues gran parte de los hechos están basados en la valoración de la prueba testifical que no puede revisarse en esta fase procesal. Para empezar, en la sentencia no se declaran probados hechos suficientes ni se argumenta nada en relación con la antigüedad, categoría y salario de la trabajadora, datos imprescindibles para el cálculo de la indemnización. Lo anterior enlaza con la omisión de los hechos relativos a la pretensión de la parte actora de que se declare que las demandadas constituyen un grupo empresarial. Además, se despide a la trabajadora por unos hechos muy concretos que se detallan en la carta de despido acaecidos durante determinados días.

Servicio del hogar familiar. Reclamación de cantidad fundamentada en la realización de una jornada semanal de 79,5 horas durante el periodo de duración de la relación laboral (años 2023-2024).

En el caso analizado, la prueba practicada no permite dar por acreditado el exceso de jornada que reclama la demandante. Es preciso destacar la inaplicación de los efectos de la ficta documentatio ex art. 94.2 de la LRJS derivada de la falta de aportación por parte de la empleadora de un registro de jornada y de un calendario de trabajo de la actora, ya que la normativa que regula esta relación laboral de carácter especial no contiene una previsión específica relativa a la llevanza de un registro horario de la jornada laboral como obligación del empleador.

Demanda de despido interpuesta por un teletrabajador. Competencia territorial. Trabajador contratado por empresa con domicilio social en Canarias que presta servicios en Madrid.

Señala la disposición adicional tercera de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia (LTD), que se considerará como domicilio de referencia a efectos de considerar la autoridad laboral competente, aquel que figure como tal en el contrato de trabajo y, en su defecto, el domicilio de la empresa o del centro o lugar físico de trabajo. El término «autoridad laboral» es un concepto jurídico que se utiliza reiteradamente por las normas legales, debiendo entenderse referido en todos los casos a un órgano administrativo. Por el contrario, los órganos jurisdiccionales, que tienen la condición de autoridad judicial, no forman parte de la autoridad laboral, lo que implica que la competencia territorial de aquellos esté residenciada en la LRJS y no en la LTD. En definitiva, la disposición adicional 3ª de la LTD, conforme a su tenor literal, establece cuál es el domicilio de referencia a efectos de considerar la autoridad laboral competente, pero no a efectos procesales, donde rige el artículo 10 de la LRJS que es lex specialis respecto de la competencia territorial, ya que la determinación del órgano judicial competente tiene naturaleza procesal.