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Las políticas activas de empleo durante la crisis actual y su aplicación a los inmigrantes como colectivo prioritario

Las elevadísimas cifras de desempleo determinan la acuciante necesidad de incidir en las políticas activas de empleo, fundamentalmente en el caso de los colectivos con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo. Sin embargo, entre los colectivos catalogados como tal en la Ley de Empleo y denominados por la misma como «prioritarios», se encuentran los inmigrantes, cuyo trato prioritario en las políticas activas de empleo plantea determinadas dificultades en su confrontación con la normativa de extranjería, suscita ciertos recelos en tiempos de crisis y sugiere serias dudas sobre su puesta en práctica.

Con este trabajo se pretende investigar el trato prioritario al colectivo de inmigrantes en las políticas activas de empleo en tiempos de crisis, partiendo de unas breves reseñas sobre el concepto, clasificación y marco legal de las políticas activas de empleo, en el que se hace una especial alusión a las reformas «anticrisis», y en el que sobre la base de la descentralización competencial se analizan algunos de los casos más representativos, hasta dar respuesta a las cuestiones más sugerentes: ¿qué inmigrantes pueden ser tratados como colectivo prioritario de las políticas activas de empleo?, ¿son los inmigrantes un colectivo realmente priorizado en las políticas activas de empleo?, ¿son las políticas de integración las verdaderas y únicas políticas activas de empleo?

Palabras claves: políticas activas, empleo, inmigrantes y crisis.

M.ª Belén Fernández Collados
Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Murcia

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RTSS. CEF. NÚM. 377-378 (agosto-septiembre 2014)

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La base de cotización de las vacaciones no disfrutadas al final del contrato de trabajo

Según una práctica habitual, la base de cotización correspondiente a los días de vacaciones no disfrutadas a la finalización del contrato de trabajo se integra solo con la cuantía de la remuneración correspondiente a las vacaciones, calculada según la cantidad a percibir en el periodo, sin prorrata de las pagas extras. La nueva obligación de cotizar establecida por Ley 53/2002 no tuvo un desarrollo en las normas de cotización de rango inferior que precisara la forma de cumplir el mandato legal. La fórmula que se está utilizando ha supuesto una reducción generalizada de la base sobre la que se cotizará durante la percepción de la prestación contributiva de desempleo y de la base reguladora para el cálculo de la misma prestación. El análisis del problema obliga a revisar la cuestión del alcance de la obligación de abono y cotización de las gratificaciones extraordinarias en el cálculo de la liquidación final cuando existen vacaciones pendientes.

Palabras claves: vacaciones fin contrato, remuneración y cotización.

Isabel Otxoa Crespo
Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Escuela de Relaciones Laborales. UPV-EHU

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Solución de conflictos laborales individuales en clave de mediación

La aparición de la Ley 5/2012 de Mediación en asuntos civiles y mercantiles ha generado una gran expectación en torno a los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, reabriendo el debate acerca de su eficacia y viabilidad. Esta norma excluye de su ámbito de aplicación a la mediación laboral, con vistas a una futura regulación sectorial. Pese a ello, son diversas las experiencias de mediación que se han puesto en marcha en los últimos años en el ámbito laboral, si bien es cierto que centradas principalmente en los conflictos colectivos.

Este trabajo explora, partiendo de las previsiones de la Ley 5/2012, las posibilidades que ofrece la mediación como cauce de solución de controversias en la relación individual de trabajo, considerando que nos encontramos en un momento especialmente propicio para su desarrollo –ante el colapso del sistema judicial y la potenciación cada vez mayor de la autonomía individual– y sin que los escollos que tradicionalmente se han esgrimido para justificar su inoperatividad en este ámbito –como el principio de indisponibilidad legal de derechos– resulten ya insalvables.

Palabras claves: mediación, relación laboral individual y solución extrajudicial de conflictos.

María José López Álvarez
Profesora agregada de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad Pontificia de Comillas (Madrid)

Este trabajo ha obtenido el 1.er Premio Estudios Financieros 2014 en la modalidad de Trabajo y Seguridad Social.
El Jurado ha estado compuesto por: don Martín Godino Reyes, don Fermín Guardiola Madera, doña Sofía Olarte Encabo, don Ángel Luis Sánchez Iglesias y don Juan Miguel Torres Andrés.
Los trabajos se presentan con seudónimo y la selección se efectúa garantizando el anonimato de los autores.

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El directivo público: situación actual y perspectivas de futuro

 El objetivo principal de este trabajo consiste en exponer la situación actual de la función directiva pública en España, mediante la aplicación del método cualitativo de análisis de caso centrado en la Administración General del Estado. Explicar qué es y qué hace un directivo público, tratando de establecer un conjunto de aspectos que necesariamente deberían establecerse en el futuro desarrollo normativo de esta figura.

Asimismo, el presente trabajo también persigue una serie de objetivos secundarios como identifi­car las semejanzas y diferencias entre un directivo público y un directivo de la empresa privada, determinar el régimen jurídico actual del directivo público y efectuar un conjunto de propuestas de futuro que, a modo de lege ferenda, permitan desarrollar al directivo público el papel que está llamado a cumplir como elemento clave para la modernización y mejora de la Administración.

Palabras claves: Administración, funcionario, directivo, política, gestión, modernización y liderazgo.

Rubén Baz Vicente
Funcionario de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

 Este trabajo ha obtenido el 1.er Premio Estudios Financieros 2014 en la modalidad de Recursos Humanos.
El Jurado ha estado compuesto por: don Carlos María Alcover de la Hera, don Juan Chozas Pedrero, don Alfonso Gordon García-Salcedo, don Juan Carlos López González y don Alfonso Merino Hijosa.
Los trabajos se presentan con seudónimo y la selección se efectúa garantizando el anonimato de los autores.

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Un nuevo paso en el control de la prestación de la seguridad social por incapacidad temporal:el Real Decreto 625/2014

Dentro de las prestaciones económicas que conforman el marco de la acción protectora de la Seguridad Social sin duda es la correspondiente a la situación de incapacidad temporal la que ha sufrido unas mayores transformaciones respecto de su gestión y control, teniendo en cuenta que esa gestión es compleja, puesto que afecta a una multiplicidad de entes y organismos inter­vinientes, por lo que, desde mediados de la década de los años ochenta del pasado siglo, y de forma periódica, la regulación de la gestión de la incapacidad temporal se ha visto sometida a continuas modificaciones que han tenido como finalidad la de contener el gasto que la misma representa, así como atajar el uso indebido, cuando no fraudulento, en el acceso a la protección.

Ahora bien, si tales objetivos podían responder a una realidad específica de incremento del gasto, en el último cuarto del siglo, así como en los primeros años del actual, por el contrario desde la aparición de la crisis económica y el mantenimiento de sus consecuencias, se está asistiendo a una desaceleración en el gasto de la incapacidad temporal, medido tanto en términos absolutos, como en el gasto «relativo», de modo que las finalidades perseguidas en las últimas reformas se han situado en dar un mayor protagonismo a las entidades responsables de la prestación eco­nómica, en detrimento del control por parte de las instancias sanitarias, al tiempo que mejorar la gestión de la prestación, dadas las posibilidades que ofrece el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

En este marco hay que situar la aprobación y entrada en vigor del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, el cual sustituye a las anteriores disposiciones reglamentarias que regulaban la gestión y el control de esta prestación , y complementa otras normas, adecuando el contenido de aquellas a los cambios legislativos que se han ido produciendo, en el ámbito de la gestión y el control de la prestación referida, desde 1997.

Palabras claves: Seguridad Social, incapacidad temporal, entidad gestora, Servicios Públicos de Salud, mutuas y control.

José Antonio Panizo Robles
Administrador Civil del Estado
Miembro del Instituto Europeo de Seguridad Social

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Aumentar los ingresos de la Seguridad Social: el objetivo «discreto» del Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Cotización

En este trabajo se analiza el contenido del Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, mediante el cual se modifica el artículo 23 del Reglamento de Cotización de la Seguridad Social. Con este real decreto se incluyen, en la normativa de cotización, importantes novedades relacionadas con la valoración de las percepciones en especie. Estas nuevas normas de valoración son específicas para la Seguridad Social; por lo que, con carácter general, dejan de estar en consonancia con la regulación para el cálculo del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Esta modificación de la normativa de cotización se une a otras efectuadas en los dos últimos años, mediante los Reales Decretos-leyes 20/2012 y 16/2013, que dieron una nueva redacción al artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social. Todas estas reformas están íntimamente relacionadas, por ello, también se analizan, de forma secuencial, los cambios introducidos por las mismas.

Palabras claves: Reglamento de cotización, percepciones en especie, retribuciones en especie, base de cotización, Seguridad Social y Real Decreto 637/2014.

Gloria Redondo Rincón
Interventora de la Seguridad Social

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Sanidad reformada y movilidad de personas: el acceso a la protección de la salud de comunitarios y extracomunitarios en cuestión

En un escenario de reformas estructurales se acometió la afectante al bien social de la salud. Es decir, se produjo la reforma sanitaria. Una reforma omnicomprensiva, por medio del Real Decreto-Ley 16/2012, con el pretendido fin del ahorro en el gasto –e inversión social– sanitario. Esta afectó esencial y nuclearmente al derecho a la asistencia sanitaria y, dentro de este, a las personas que pueden acceder a él en aras de la tutela de su salud. Principal y esencialmente, dos de los colectivos que se vieron afectados fueron el de comunitarios y extracomunitarios, subjetivando y concretando las posibilidades de acceso, no sin polémica jurídica y de política social. De su análisis, estudio y valoración de conjunto, se manifiesta un retroceso, en forma de mayores exigencias para la protección de la salud de ambos colectivos, implicando, en cierta medida, una ruptura y mercantilización de la auténtica y genuina razón de ser de este derecho social fundamental.

Palabras claves: sanidad, protección de la salud, asistencia sanitaria, comunitarios y extracomunitarios.

Luis Ángel Triguero Martínez
Profesor contratado doctor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
Acreditado al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
Universidad de Granada

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RTSS. CEF. NÚM. 376 (julio 2014)

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Maternidad de alquiler o por sustitución: contradicción doctrinal servida

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 13 de mayo de 2014, rec. núm. 749/2014.

Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa
Magistrado especialista Social. Profesor asociado.
UPV-EHU

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