RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

El Procedimiento Adtvo. Sancionador en el Orden Social a la luz de la nueva Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de la entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Adtvo. Común de las Administraciones Públicas

En el presente artículo se analiza el procedimiento administrativo sancionador en el orden social a la luz de la nueva Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y de la entrada en vigor el 2 de octubre de este año de las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre. Del estudio efectuado se ponen de manifiesto determinadas necesidades de adaptación de la normativa especial a la general, en particular a nivel reglamentario, que, por un lado, corrija las distorsiones y descoordinaciones legislativas existentes, y por otro clarifique la regulación jurídica a partir de los pronunciamientos de juzgados y tribunales. Además, se pone en evidencia la dispersión de las competencias resolutorias existentes en este orden legal con las dificultades que ello conlleva.

Palabras claves: procedimiento sancionador social a revisión.

Eugenio Santa-Bárbara Martínez
Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz
Inspector de Trabajo y Seguridad Social

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RTSS. CEF. NÚM. 405 (diciembre 2016)

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Presentación (Monográfico «Un quinquenio de reforma laboral: Último balance jurisprudencial antes de la anunciada reforma 2017»)

1. Apenas iniciada la nueva Legislatura, cuyas previsiones iniciales más difundidas es que sea de ciclo (relativamente) corto, ante las incertidumbres que genera la ausencia de mayorías sólidas en el Parlamento para sostener el «programa» socio-económico del «nuevo Gobierno», el tópico de la «reforma laboral» ha vuelto de inmediato al primer plano de los periódicos y de las mesas de negociación, políticas y sociales. El partido que sostiene principalmente al «nuevo Gobierno» ha dejado ya muy claro que se opone radicalmente a la derogación de la realizada en el quinquenio que va desde 2012 a 2016 y cuyos efectos prácticos se valorarían de manera muy positiva desde su punto de vista. No obstante, sí que asume, en sede parlamentaria y en la Mesa de Diálogo Social, que es parcialmente revisable si con ello se consigue mejorar tanto el nuevo ciclo económico, ahora positivo, o al menos no se pone en riesgo, cuanto un mayor volumen de empleo y una añadida calidad del creado, hoy claramente cuestionada, ante el claro avance de la «precariedad». El Gobierno, más allá de la buscada foto «de familia», se ha comprometido con ambos interlocutores sociales a estudiar no solo la propuesta de subida de salario mínimo, sino también aquellos cambios en la reforma laboral que, eso sí, la patronal y los sindicatos planteen de común acuerdo, para adaptarla a la nueva realidad socioeconómica de nuestro país.

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Cristóbal Molina Navarrete
Director

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Rápida asunción del criterio jurisprudencial comunitario (STJUE 14-9-2016, C-596/14): Equiparación de derechos indemnizatorios entre trabajadores con contrato de duración determinada (temporales-interinos) y fijos por el TSJ del País Vasco

Comentario a la Sentencia 1962/2016, de 18 de octubre, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, rec. núm. 1690/2016

Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa
Magistrado Especialista Social
Profesor Asociado. UPV-EHU

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La regla especial no admite interpretaciones extensivas: La prioridad del convenio de empresa no alcanza al de ámbito inferior

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2016, rec. núm. 248/2015

Margarita Miñarro Yanini
Profesora Titular de Universidad. Universidad Jaume I (Castellón)

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¿El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores corrige irracionalidades de la gestión pública? A veces; nunca si son ilegales

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 12 de septiembre de 2016, rec. núm. 246/2015

Antonio Álvarez Montero
Catedrático de Escuela Universitaria. Universidad de Jaén

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¿Cuál es la unidad de cómputo del despido colectivo? La empresa y el centro, según convenga

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2016, rec. núm. 36/2016

Yolanda Maneiro Vázquez
Profesora Contratada Doctora.
Universidad de Santiago de Compostela

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«Sabores de infancia» y despido colectivo: El Tribunal Supremo «dulcifica» la compra de Panrico por Bimbo

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 20 de julio de 2016, rec. núm. 323/2014

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático. Universidad de Jaén

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¿La reclamación administrativa previa desaparece o solo se «transforma»?

La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común ha modificado diversos preceptos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS). La mayoría de estos cambios tienen una única razón de ser: la supresión, como regla general, de la reclamación administrativa previa como presupuesto pre-procesal, necesario para acudir al orden social de la jurisdicción cuando las pretensiones de tutela de carácter socio-laboral tienen como sujeto pasivo Administraciones públicas. La única excepción que permanece a la eliminación de este auténtico privilegio procesal, residuo del pasado de omnipresencia de las prerrogativas administrativas, también cuando este sujeto actúa como empleador, aún sometido al Derecho Laboral, es en materia de proceso de prestaciones de Seguridad Social. Pues bien, ante la mala técnica de reforma legislativa, un defecto muy extendido en el proceso de producción de normas en España, antes y más después de la crisis, se ha planteado una agria discusión doctrinal: una vez ha salido por la puerta la reclamación administrativa previa, ¿no habría vuelto a entrar por la ventana del recurso de alzada, en virtud de la confusa referencia del artículo 69.1 de la LRJS? En este Foro se explican de forma directa y sencilla tanto las razones del problema como las soluciones a dar, que pasan, a juicio de quien conduce el Foro, por entender definitivamente «muerta y enterrada», como regla, la reclamación administrativa previa, sin que sea razonable insuflarle aliento alguno por la vía del recurso de alzada, salvo en aquellos supuestos en los que expresamente el legislador así lo exija (arts. 117 y 151 LRJS).

Palabras claves: reclamación administrativa previa, proceso laboral y conciliación extrajudicial.

Manuel García Giménez
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén

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