RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

La discriminación múltiple constituye un fenómeno de particular incidencia en las relaciones laborales, situación que contrasta con la escasez de estudios que abordan la cuestión y de pronunciamientos judiciales que hacen mención a la misma. No obstante, la información e investigación sobre esta realidad son esenciales para el diseño de políticas de igualdad eficaces y el tratamiento normativo y judicial adecuado de la discriminación múltiple.
El presente estudio parte de su delimitación conceptual y del análisis de los convenios e instrumentos jurídicos, nacionales e internacionales, que aluden a la discriminación múltiple. Asimismo, se estudia la discriminación por razón de sexo como causa convergente con otros motivos en la discriminación interseccional (raza/etnia, edad, discapacidad, religión), así como la transversalidad de género como estrategia complementaria para hacer frente a este comportamiento.
En el ámbito laboral, la especial situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por discriminación múltiple reclama la adopción de medidas de acción positiva y de tutela que el legislador anuncia, pero no llega a implementar. En fin, la discriminación múltiple plantea importantes interrogantes de índole procesal, fundamentalmente en materia probatoria y de resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de dicha situación que es preciso abordar a la luz de la doctrina del TEDH y del TJUE.

Palabras clave: discriminación múltiple; interseccionalidad; transversalidad de género; acción positiva; prueba; resarcimiento.

A pesar del carácter absoluto de la preferencia aplicativa del convenio de empresa ex artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, su eficacia puede verse cuestionada en los procesos de sucesión de contratas en los que sea preceptivo el mantenimiento del convenio de origen a los trabajadores afectados por la subrogación empresarial. Esta tensión existente entre los artículos 84.2 y 44.4 del Estatuto de los Trabajadores también se aprecia en los supuestos en los que el origen de la obligación subrogatoria se halla en el convenio sectorial. En este sentido, la pregunta principal que trata de responderse en este trabajo es si, tras la reforma laboral de 2012, pueden aplicarse las reglas de concurrencia conflictiva a estos casos, de tal modo que el convenio empresarial de la mercantil entrante desplace, al menos en el listado de materias recogidas en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, al convenio colectivo de origen. A este respecto, se comprobará que la respuesta es diferente en función del origen de la obligación subrogatoria, con especial atención a las posibles particularidades en el ámbito de la sucesión de contratas en el sector público.

Palabras clave: preferencia aplicativa; convenio de empresa; sucesión de contratas.

Tras más de 1 año y medio de trabajos en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo todavía se desconocen las recomendaciones con las que garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Entre tanto, en el presente año se han puesto en marcha distintas medidas que actúan directamente sobre este marco protector. El estudio de estas nuevas reglas es el objeto de la presente colaboración.

Palabras clave: sistema de pensiones; suficiencia; sostenibilidad; reformas.

Se hace un análisis del origen, el contexto y el contenido de algunos de los aspectos básicos del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, poniendo el foco en los que suponen una mayor precarización de las condiciones de trabajo. Se realizan comentarios desde la perspectiva de la Inspección de Trabajo, con la visión práctica que ofrece el conocimiento de la realidad y con una perspectiva jurídica de las posibilidades que la ley ofrece y de las dificultades existentes. El plan director se considera como un instrumento imprescindible en la medida en que codifica y sistematiza las actuaciones inspectoras y ofrece una visibilidad social y administrativa imprescindible para la consecución de los logros.

Palabras clave: plan director; actuación de la Inspección de trabajo; precarización de las relaciones laborales; igualdad y perspectiva de género.

1. En un momento en el que parecen revisarse legislativamente, no sabemos por cuánto tiempo, ni con qué intensidad, algunas de las reformas más restrictivas en el sistema público de pensiones, así como en el conjunto de las prestaciones de la Seguridad Social (en especial prestaciones y subsidios por desempleo), en aras de una mayor suficiencia protectora, frente al valor de la sostenibilidad financiera, resulta interesante observar cómo se vive y se resuelve esa tensión en el ámbito en el que frecuentemente las personas se ven obligadas a defender su derecho a prestaciones sociales suficientes ante las situaciones de necesidad: el judicial. En días precedentes se han difundido diversas noticias que parecerían, de inicio, contradictorias. De un lado, sabemos que el nuevo Gobierno, que no puede dejar de preocuparse, también de ocuparse, de la garantía de sostenibilidad financiera del sistema, se ha empeñado en la lucha contra el fraude, no solo laboral, también social, de modo que ha trazado un plan específico para desvelar el abuso que eventualmente pudiera haber no solo en la rama de la incapacidad temporal (IT), sino también en la de la incapacidad permanente (IP), «poniendo su lupa» sobre todas ellas. Aunque ni hay estimaciones oficiales, ni podría haberlas, ciertos analistas elevan a miles las cifras de tales eventuales bolsas de «falsos inválidos» (incapacitados permanentes).

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Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 173/2018, de 20 de febrero

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 721/2018, de 5 de julio

Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de marzo de 2018, asunto C-431/16