RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

Las brechas de género en pensiones constituyen uno de los mayores desequilibrios cualitativos y cuantitativos que tienen los sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea, y, sin duda, en España. La principal causa no está en el sistema, sino en las brechas de género en el mercado de trabajo, incluyendo la brecha retributiva. Algunas de las medidas ensayadas por la ley española han recibido la oposición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso, la ley española ha aprobado un nuevo complemento para las pensiones contributivas, con el objetivo de reducir la brecha de género, reformando el artículo 60 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (mediante el RDL 3/2021, de 2 de febrero).
Este nuevo complemento de pensión contributiva, que no excluye a los hombres, pero beneficiará sobre todo a las mujeres (al menos 8 de cada 10 personas perceptoras serán mujeres), resulta menos costoso para el Estado y algo más eficaz para reducir la brecha de género en pensiones que el anterior. Pero, además de que plantea algunos problemas aplicativos, no será suficiente para reducir de una forma significativa y rápida la brecha de género. En este estudio se da cuenta de sus principales novedades jurídicas, así como de otras cuestiones que tienen que ver con los avances y resistencias de los tribunales a remover las brechas de género en la Seguridad Social.

Palabras clave: brecha retributiva; igualdad de género; brecha de género en pensiones; pensión de viudedad; discriminación múltiple.

1. Se busca «hilo de Ariadna» para el laberinto algorítmico. En su loable búsqueda de una –inevitable– transición a una sociedad y una economía digitales, dominadas por la inteligencia artificial (IA) y por la automatización de procesos, que no pierda los valores de la justicia, muy en especial en el ámbito sociolaboral, el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) lleva varios años alertando y alentando para que la Comisión Europea, en su función de elaborar directrices ético-sociales y jurídicas sobre la IA, establezca un sistema de límites claros en la interacción entre las personas trabajadoras y las máquinas inteligentes. El objetivo es que el ser humano nunca sea puro «ejecutor» («terminator»), o «siervo», de aquellas, sino que mantenga su control siempre, de forma socialmente responsable (Dictamen CESE: «Inteligencia artificial: anticipar su impacto en el trabajo para garantizar una transición justa», Dictamen de iniciativa, 2018/C 440/01, punto 1.8). Sin dudar de la contribución favorable al progreso social, no solo al progreso económico, ínsita en el desarrollo de la IA (y la robótica), ampliando los efectos de la digitalización en los mercados de trabajo y en las relaciones de protección social, el CESE recomienda reforzar los principios de transparencia en el uso de los sistemas de IA (en la contratación, evaluación y supervisión de las personas trabajadoras) y de prohibición de discriminación.
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Hasta hace apenas un año, y pese a las posibilidades técnicas para haberse generalizado en diversos sectores, el trabajo a distancia (y el teletrabajo como subtipo) en España contaba con una escasa implantación; situación que ha alterado la pandemia sanitaria por COVID-19, precipitando el dictado de normas que pretenden establecer principios regulatorios básicos cuya definición efectiva y desarrollo material se ha confiado a la negociación colectiva. De cómo asuma esta última la misión encomendada por el Real Decreto-Ley 28/2020 dependerá el desarrollo, inmediato y futuro, de una forma de prestar servicios que, anticipándose a lo que debiera haber sido una implantación pausada y sin urgencias, ha de poder acometerse, ya, en condiciones de equilibrio de intereses, igualdad de derechos y preservación de la seguridad y salud laborales. El objeto de este trabajo consiste en analizar de qué manera los convenios colectivos pueden liderar ahora la regulación del trabajo a distancia y en qué forma la nueva normativa ha supuesto un cambio en las experiencias convencionales, debiendo asumir que, debido al poco tiempo transcurrido desde la publicación del real decreto-ley, los datos son escasos y habrán de completarse en posteriores trabajos.

Palabras clave: trabajo a distancia; teletrabajo; negociación colectiva; convenios colectivos.

La aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) supone completar el diseño del sistema de Seguridad Social perfeccionando su nivel no contributivo, aunque ello no implica necesariamente la desaparición de las prestaciones autonómicas de garantía de rentas de subsistencia. Se trata de una prestación singular con reglas especiales en lo referente a las personas titulares y beneficiarias, en particular todo lo relativo a las unidades de convivencia, y otras más habituales propias de las prestaciones no contributivas como las referidas a la situación de vulnerabilidad económica, al cómputo de los ingresos de quienes solicitan la prestación y a la determinación de la cuantía que es variable y diferencial. La aprobación del IMV en un contexto de crisis social y económica consecuencia de la emergencia sanitaria ha provocado que la norma reguladora se haya aprobado con una cierta urgencia, lo que ha repercutido negativamente sobre su precisión y corrección técnica. Razón por la cual la norma inicial, el Real Decreto-Ley 20/2020, ha sido sometida a varias correcciones y reformas posteriores de relevancia que son las que se analizan en el presente trabajo.

Palabras clave: renta mínima; garantía de subsistencia; prestación de la Seguridad Social; unidades de convivencia; vulnerabilidad económica; cuantía variable y diferencial.

El Tribunal de Bolonia ha emitido una sentencia histórica a finales del mes de diciembre de 2020. La decisión del tribunal es histórica tanto por su resultado como por los argumentos usados por la magistrada Chiara Zompì. Se trata de la primera vez en Europa que un tribunal cuestiona el funcionamiento de un sistema de gestión algorítmica de las personas trabajadoras y declara que los algoritmos pueden discriminar a las personas enfermas o a las personas trabajadoras que deciden participar en una acción sindical.

Palabras clave: algoritmo; plataformas digitales; discriminación; calificación jurídica.

Partiendo de la distinción acuñada por el Tribunal Constitucional respecto de los dos principios reconocidos en el artículo 14 de la Constitución –el principio de igualdad de trato y el principio de no discriminación–, se analiza la matizada jurisprudencia constitucional y ordinaria acerca de las cláusulas convencionales de doble escala salarial y su aparente contradicción con la jurisprudencia comunitaria, acabando con una llamada de atención a las partes negociadoras de los convenios colectivos para que las cláusulas de «garantía ad personam», de «respeto de derechos adquiridos» o de «respeto de las condiciones más beneficiosas» no incluyan las condiciones nacidas del convenio colectivo anterior.

Palabras clave: doble escala salarial; principio de igualdad de trato; principio de no discriminación; jurisprudencia comunitaria, constitucional y ordinaria; cláusulas convencionales de garantía ad personam, de respeto de derechos adquiridos o de respeto de las condiciones más beneficiosas.

La Sentencia de 28 de octubre de 2020 dirime si las personas trabajadoras recurrentes son fijas discontinuas o fijas cuando son contratadas sin solución de continuidad, encadenando unos contratos con otros, sin que haya discontinuidad en el trabajo.

Palabras clave: trabajo fijo discontinuo; trabajo fijo continuo; encadenamiento de contratos.

La referida sentencia realiza un control de constitucionalidad de la condena penal por ultraje a la bandera de un representante sindical en el marco de una manifestación reivindicativa de carácter laboral. Se ofrece una crítica constructiva a la valoración del Tribunal Constitucional y de los votos particulares. El enfoque alternativo se desarrolla a través de la reafirmación del pluralismo social y la conexión del caso con la libertad sindical.

Palabras clave: libertad de expresión; libertad ideológica; protección de símbolos nacionales; libertad sindica.