RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

La reincorporación de la mujer al trabajo tras el nacimiento de un hijo o hija es un tema relevante para la trayectoria vital y profesional de esta, instalándose como tema central en los debates sobre igualdad de género. Si bien las prácticas de conciliación orientadas a la reincorporación tras la maternidad son determinantes para el bienestar laboral de la mujer debido a las exigencias del momento, pueden volverse en su contra, porque, en ocasiones, desde las propias organizaciones que las ofrecen, el hecho de acogerse a ellas es interpretado como una falta de compromiso hacia su empresa, lo que redunda en un obstáculo más a su progreso en la carrera profesional.
Ante tal realidad, se plantea el análisis de la importancia del apoyo del supervisor como complemento de carácter humano a la adopción formal de prácticas de conciliación de la vida laboral y personal por parte de la empresa, cuestión no investigada en la literatura previa. Los resultados alcanzados sugieren que un apoyo real y efectivo a la mujer, para que esta pueda conciliar su vida laboral y personal tras la maternidad, requiere que las organizaciones acentúen la relevancia del factor humano frente a las prácticas formales de recursos humanos.

Palabras clave: prácticas de conciliación; maternidad; mujeres; Europa; apoyo del supervisor.

1. INTRODUCCIÓN: ¿«CELEBRAR» O «CONMEMORAR» LOS 40 AÑOS DE CONSTITUCIÓN?

En la cultura social de nuestro tiempo, cumplir 40 años suele ser expresión de alegría, un gran motivo para la fiesta, que suele preparar amorosamente un integrante de la pareja al otro (u otra). En el imaginario colectivo de hoy, representaría el equilibrio casi perfecto entre juventud (energía y estímulo renovador), que persiste, y la experiencia (bagaje de conocimiento y capacidades acumuladas) que deja como poso tan razonable periodo vital. La «estación de los 40» se convierte en todo un hito (personal). A la estabilidad –presunta– que nos da la experiencia pasada, se sumaría el mayor dominio o control del futuro que nos aporta el conocimiento acumulado. No siempre fue así. Los que ya peinamos canas –satisfechos por mantenerlas, pues podría ocurrir que tampoco quedara nada que peinar– recordamos que ser del grupo de los «cuarentones» o, aún peor, en una sociedad claramente sexista, «cuarentonas», añadía una connotación «despectiva» porque, además de propiciar la suma de «hilos de plata y grasa abdominal» (Arjona. R. Señora de las cuatro décadas –sirve también para el señor–), la indeleble huella del tiempo nos haría, a partir de ese momento, cada vez más invisibles.

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El estudio tiene por objeto el análisis constitucional de la diversidad jurídica derivada de la vigente organización territorial del Estado en España, así como de las reglas de distribución de competencias entre aquel y sus unidades autónomas, para concluir con propuestas de reforma en la materia.

Palabras clave: autonomía política; diversidad jurídica; competencia territorial; ordenamiento laboral, organización territorial del Estado.

La libertad sindical es el eje del sistema constitucional de relaciones laborales, del que también forman parte el derecho de huelga, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo y el mandato de promoción de la participación de los trabajadores en la empresa, y respecto del que la cláusula de constitucionalización de sindicatos y asociaciones empresariales actúa como una especie de nutriente o soporte institucional. No son insuperables ni especialmente graves los problemas jurídicos que puede plantear y ha planteado de hecho ese marco constitucional, ni los que ha podido suscitar su legislación de desarrollo, suficientemente estabilizada a la altura de nuestros días. Eso no significa, de todos modos, que la regulación de nuestro sistema de relaciones laborales carezca por completo de puntos de oscuridad o de dudas interpretativas, como ha sucedido, señaladamente, a propósito de los criterios de representatividad o, en un plano más estructural, en lo que concierne al ámbito subjetivo de la libertad sindical. Tampoco significa que esté del todo resuelta la actitud de los poderes públicos respecto de lo que se ha venido conociendo como «hecho sindical», que en su sentido más natural remite al puro escenario sindical, con sus actores, sus inclinaciones y sus rasgos característicos, pero que en la jurisprudencia constitucional parece adoptar más bien el sentido de una directriz encaminada a la consolidación de organizaciones sindicales de amplia base territorial y funcional. Dato también interesante en nuestro sistema de relaciones profesionales ha sido la progresiva expansión de los derechos de organización y acción colectiva más allá de los contornos del contrato de trabajo, para llegar en un primer momento a la función pública y, con el paso del tiempo, al trabajo autónomo, siempre con las pertinentes salvedades y modulaciones.

Palabras clave: sindicato; hecho sindical; asociación empresarial; asociación profesional; representatividad.

El marco constitucional regulador de la seguridad social es insuficiente y deficiente y la misma interpretación, forzadamente restrictiva, llevada a cabo por el Tribunal Constitucional contribuye decisivamente a ese déficit de la garantía constitucional de los derechos de seguridad social. Ello ha permitido que este derecho no quede mínimamente blindado ante políticas restrictivas de tales derechos sin estar siquiera acompañadas de un fundado motivo justificado ni de proporcionalidad (como obliga la inversión de la carga de la prueba por parte del Estado conforme al garantismo multinivel de los derechos fundamentales). Frente a este criterio hermenéutico, se debe entender que la seguridad social es derecho social fundamental (en el sentido amplio atribuido a este último término en el derecho internacional de los derechos fundamentales) en una interpretación sistemática que atiende al grupo o bloque normativo constitucional regulador de este derecho de estructura jurídica compleja (arts. 41, 43, 49, 50 en relación con el art. 10.2 Constitución española, que es la norma de apertura constitucional de engarce y remisión al sistema multinivel de garantía del derecho a la seguridad social, y los arts. 93 a 96 Norma Fundamental).

Palabras clave: seguridad social; protección social pública; garantía multinivel de los derechos fundamentales; contenido esencial del derecho; doctrina del Tribunal Constitucional; principios de indivisibilidad e irregresividad de los derechos; mutaciones y reformas constitucionales.

El sistema de pensiones está atravesando tiempos difíciles que pueden dificultar su continuidad y transformar la histórica solidaridad intergeneracional en una especie de fraude piramidal. No es un juego de palabras, es una llamada de atención conformada desde la memoria histórica. Los datos técnicos quieren ser indiscutibles, buscando una solución predeterminada, el innegable negocio que las pensiones ofrecen a la iniciativa privada. Debemos reaccionar; son más de 100 años en la construcción del sistema. Es cierto que hemos hecho cosas bien y mal. Es cierto que hemos publicitado los problemas sin afrontar soluciones. Incluso, es cierto que hemos hecho trampas en el solitario. Los tiempos preelectorales son malos compañeros de viaje, pero aun así debemos tomarnos en serio la viabilidad del sistema. De ello depende el modelo de sociedad que queremos construir y el necesario pacto social.

Palabras clave: sistema de pensiones; reforma de las pensiones; factor demográfico; mercado laboral; protección social complementaria.

La seguridad jurídica es un principio básico en todo Estado social y de derecho. La reinterpretación de una norma con retroactividad supera el equilibrio que ha de operar toda norma con la seguridad jurídica. Esta ruptura debiera traer consigo una responsabilidad patrimonial del Estado.

Palabras clave: retroactividad de la jurisprudencia; responsabilidad patrimonial del Estado.

1. INTROITO: ¿SIRVE EL TC A UNA FUNCIÓN DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EFICAZ?

«Pleitos tengas (en el TC), y los ganes (si tienes la fortuna de que te admitan)». Escribía recientemente el actual presidente del Tribunal Constitucional (TC) español, a propósito de una entrevista profesional conmemorativa del 40 aniversario de la Constitución, que se había marcado, para todo su mandato –iniciado en marzo de 2017–, dos grandes objetivos. El primero, continuista, a fin de que el TC «continúe cumpliendo» su papel de «intérprete supremo» de la Constitución. El segundo, más innovador, de modo que el TC «sirva verdaderamente al ciudadano mediante una eficiente y eficaz impartición de justicia». A tal fin, planteaba reducir la pendencia de los asuntos (justicia no dilatoria), generalizar las «sentencias de gran calidad jurídica» y modernizar la institución mediante una mayor transparencia para la ciudadanía de la función constitucional.

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