RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

Las nuevas tecnologías, en especial las digitales, han traído un cambio tan radical en las relaciones de trabajo que difícilmente los tradicionales indicios de laboralidad sirven para determinar la calificación de los diversos supuestos. Entre las alternativas planteadas, de muerte del derecho del trabajo, de ampliación del derecho del trabajo a todo trabajo personal, o de reordenación de la calificación laboral desde una perspectiva orgánica y no individualista, este análisis conduce a la última de las posibilidades.

Palabras clave: deconstrucción; ajenidad; subordinación; dependencia orgánica; nuevas formas del trabajo.

Partiendo de los antecedentes legales y jurisprudenciales, este estudio analiza la consignación del importe de la condena como requisito del recurso de suplicación establecido en el artículo 230 de la Ley reguladora de la jurisdicción social. Este precepto, aun siguiendo una línea continuista, introduce novedades y mejoras que, no obstante, no resuelven todas las dudas que la normativa anterior originaba en la práctica judicial sobre la exigencia y alcance de la consignación en el caso concreto, especialmente en relación con las modalidades de aseguramiento y las dificultades de cumplimiento por parte de las empresas en situación concursal, que son examinadas en este trabajo. Aunque esta carga se regula en las disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación, este estudio se centra en la consignación como requisito para la admisión del primero, lo que nos facilitará el examen de sus particularidades en los asuntos de la competencia objetiva del juzgado de lo social o del juzgado de lo mercantil y de su tratamiento procesal en las distintas fases de su tramitación.

Palabras clave: recursos laborales; recurso de suplicación; consignación; anuncio del recurso.

1. ¿El último suspiro de los «ERTE-COVID-19» alumbra los «ERTE-pos-COVID-19»? En un tiempo estertor de las leyes de urgencia sociolaboral pandémica, y en los albores de un tiempo distinto de leyes de reforma estructural social y laboral, el Real Decreto-Ley (RDL) 18/2021, de 28 de septiembre, formaliza en una norma de autoridad gubernamental con valor de ley el VI Acuerdo de Concertación Social en Defensa del Empleo, sobre la que, con probabilidad, será la última prórroga del instrumento de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por COVID-19.
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1. ¿La juventud «divino tesoro» o «fuente de generaciones perdidas» cuando llega cualquier tipo de crisis, incluso futura? Dicen que el genial, pero excéntrico, escritor Bernard Shaw abominaba del narcisismo inherente a la juventud calificándola como «enfermedad», si bien no crónica, porque se curaría con el tiempo (la edad). De este modo, la «madurez» pareciera oponerse y corregir las desviaciones de esos tiempos de lozanía, confianza en que todo (nos) es posible y vanidad, con la marcada tendencia a reivindicar «el derecho a» todo, aportando, incluso en atención a «evidencias científicas», mayor estabilidad, en todos los terrenos, y menos predisposición a la «depresión del ánimo» (Martínez Pradales, 2019). La realidad, al menos en los planos sociales y laborales, que son los que aquí (más) nos conciernen, no parece confrontar esos «imaginarios idealistas», incluso algo «románticos».
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Al igual que en el desarrollo del derecho a la igualdad y a la no discriminación, el Tribunal de Justicia ha jugado un papel esencial en el reconocimiento y en la evolución posterior de la discriminación por asociación. En 2008, la acrobacia interpretativa realizada en la sentencia Coleman puso de manifiesto, entre otras cuestiones, que la igualdad y no discriminación es un derecho inagotable, que desborda los moldes existentes, en forma de rígidas categorías jurídicas. La doctrina del Tribunal de Justicia ha propiciado una destacada actividad de la doctrina judicial nacional, que no se ha detenido ante la escueta e insuficiente regulación normativa de la discriminación por asociación. A un ritmo lento pero imparable, los tribunales españoles han ido identificando, visibilizando y ofreciendo carta de naturaleza a una figura discriminatoria que había conseguido permanecer en el anonimato jurídico. La trascendencia de esta construcción jurisprudencial es aun mayor a la vista de las múltiples puertas que abre y que, como sucede con los temas clásicos e intemporales, conducen a su vez a nuevos interrogantes, que obligan a reconfigurar ideas preconcebidas con el fin de garantizar una tutela real frente a una práctica discriminatoria anónima hasta hace muy poco, pero presente desde siempre entre nosotros.

Palabras clave: Coleman; discriminación por asociación; Tribunal de Justicia; derechos fundamentales.

El uso de medios tecnológicos para controlar la actividad laboral es, sin lugar a duda, una de las cuestiones más controvertidas dentro de la dinámica de las relaciones laborales, como consecuencia del imparable desarrollo tecnológico y la posibilidad de realizar un control cada vez más preciso y permanente. En este ámbito, además del conflicto entre la facultad de control de la empresa y el respeto a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, nos encontrábamos ante la ausencia de una regulación legal específica en la esfera laboral, siendo suplida la misma por una actividad constante y muy meritoria de los tribunales nacionales e internacionales, que se han visto obligados a realizar una actividad cuasi legislativa. Sin embargo, dicho vacío normativo ha sido cubierto para diversas modalidades de control tecnológico por la legislación nacional, estableciendo los requisitos y garantías que debe respetar la empresa para su utilización. Pese a ello, la literalidad de la norma es bastante imprecisa, por lo que tendremos que seguir acudiendo a la jurisprudencia previa a la misma para interpretarla, y colmar algunas lagunas existentes en el texto normativo. Con el presente estudio se pretende aportar un análisis sistemático sobre la materia, así como realizar una valoración crítica de aquellos aspectos que a nuestro juicio deberían ser modificados.

Palabras clave: derechos fundamentales; control laboral; videovigilancia; dispositivos digitales; geolocalización.

El 1 de junio de 2021 entraron en vigor en nuestro país un elenco de medidas de trato diferenciado dirigidas a las personas con capacidad intelectual límite. Las mismas, que pretenden paliar las dificultades que se presentan en el mundo del trabajo para el colectivo, se articulan jurídicamente a partir de las ya tradicionales contempladas para las personas con discapacidad. Será aquí donde encontraremos el primer escollo, al plantearnos si realmente no ha de considerarse a las personas con capacidad intelectual límite como personas con discapacidad atendiendo a los instrumentos internacionales que rigen la materia. Respecto a las medidas introducidas encontramos que, pese a su reconocimiento como de acción positiva, no todas tienen la misma naturaleza, siendo unas más atractivas que otras desde una perspectiva empresarial, pero también desde un enfoque orientado a los apoyos que precisan estas personas en el ámbito del empleo.

Palabras clave: capacidad intelectual límite; discapacidad; igualdad de oportunidades; incentivos económicos; medidas de acción positiva.

En el marco del estado de alarma, el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra la COVID-19. A través de la sentencia analizada, se examina la aplicación del citado permiso en relación con el derecho al disfrute de las vacaciones anuales, contempladas en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.

Palabras clave: permiso retribuido recuperable; Real Decreto-Ley 10/2020; estado de alarma; COVID-19; derecho a vacaciones.