RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

La reforma laboral operada por el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, ha introducido importantes modificaciones en la normativa antes vigente, en especial en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Ley general de la Seguridad Social y Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, para regular los derechos de las personas trabajadoras. En el presente artículo son objeto de análisis tres de los contenidos más importantes: la negociación colectiva, las medidas de flexibilidad interna (reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo) y la subcontratación. En cada apartado se destacan aquellos aspectos de mayor interés para comprender la importancia real del cambio legislativo y se incorporan las valoraciones propias y las más recientes aportaciones doctrinales.

Palabras clave: reforma laboral; derechos; acuerdo social; real decreto-ley; Gobierno; negociación; flexibilidad; sindicatos; empleadores.

La reforma laboral operada por el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, ha introducido importantes modificaciones en la normativa antes vigente, en especial en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Ley general de la Seguridad Social y Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, para regular los derechos de las personas trabajadoras. En el presente artículo son objeto de análisis tres de los contenidos más importantes: la negociación colectiva, las medidas de flexibilidad interna (reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo) y la subcontratación. En cada apartado se destacan aquellos aspectos de mayor interés para comprender la importancia real del cambio legislativo y se incorporan las valoraciones propias y las más recientes aportaciones doctrinales.

Palabras clave: reforma laboral; derechos; acuerdo social; real decreto-ley; Gobierno; negociación; flexibilidad; sindicatos; empleadores.

La Sentencia de 12 de diciembre de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) ha provocado que se multipliquen las demandas de pensionistas varones reclamando el complemento por maternidad, con sentencias en las que se estima dicha pretensión, pero que difieren en la fecha de efectos del reconocimiento, que oscila entre la fecha inicial de la pensión, la de la solicitud del complemento, 3 meses antes de la solicitud o 3 meses antes pero con el límite de la publicación de la STJUE. Toda esa jurisprudencia se revisa y sistematiza en el presente trabajo, detallando la casuística contemplada, además de analizar las reglas introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2021 en lo relativo a la vigencia del complemento de maternidad. La conclusión que se obtiene es que la doctrina del TJUE debe extenderse a las reclamaciones producidas desde 2016, pero los efectos económicos solo deben retrotraerse hasta 3 meses antes de la solicitud.

Palabras clave: brecha retributiva de género; plus de peligrosidad; perspectiva de género; valoración domiciliaria; dependencia y discapacidad; situación de peligrosidad; voto particular.

Con el objetivo de acercar la edad real de jubilación a la legal, y siguiendo las directrices de la Recomendación 12 del Pacto de Toledo (versión de noviembre de 2020) y su concreción en el Acuerdo social de 1 de julio de 2021, la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, aborda una actualización de las jubilaciones anticipadas previstas en nuestro sistema. En ella no se tocan los elementos estructurales de las mismas (modalidades, requisitos), centrándose en los coeficientes penalizadores, introduciendo unos más equitativos (al pasar de trimestrales a mensuales) y beneficiosos en términos generales, aunque más elevados para los que adelantan al máximo su retiro, en especial si es voluntario (aplicando en esta modalidad nuevas reglas para los casos en los que la pensión supere el límite máximo de las pensiones, que –como toda reforma que introduce cambios de calado– se acompaña de reglas transitorias para su aplicación gradual). Igualmente, se mantiene sine die la legalidad anterior a la Ley 27/2011 para las extinciones acaecidas antes de abril de 2013.
Por otro lado, y también partiendo de la Recomendación 12, se modifica el marco normativo del adelanto de la edad por realización de actividades penosas, tratando de desatascar el procedimiento fijado en 2011 y que ha demostrado no ser operativo. El adelanto de la edad por discapacidad se desgaja pasando a tener una regulación autónoma, sin añadir nada nuevo, pero reconociendo la necesidad de una reforma a fondo de esta tipología, como previene la Recomendación 18.
Por último, se aprueba un complemento económico para quienes se jubilaron anticipadamente entre 2002 y 2022 reuniendo un largo periodo de cotización y, en su caso, baja cuantía.

Palabras clave: Pacto de Toledo; jubilación anticipada; edad de jubilación; trabajo penoso; trabajo con discapacidad; reforma pensiones; seguridad social.

La jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, decisiva en numerosos aspectos de la realidad del derecho del trabajo, es aún más relevante en el ámbito del despido colectivo. La exposición y breve análisis de la última doctrina al respecto nos muestra una normativa de despido colectivo con graves carencias y necesidades urgentes de cambio.
Umbrales, causas, conexión con otras instituciones del derecho del trabajo como sucesión o grupo de empresas, criterios de selección son algunas de las importantes materias que la Sala de lo Social ha debido analizar durante el último semestre de 2021. Y si bien no se aprecian grandes cambios en la doctrina que se venía exponiendo al respecto, la consolidación de algunos criterios y la matización de otros a la luz de las nuevas circunstancias propias de un segmento del ordenamiento jurídico sometido a continua tensión determinan la necesidad de una exposición y análisis ordenado de la doctrina del Tribunal Supremo en torno al despido colectivo.

Palabras clave: Tribunal Supremo; despido colectivo; umbrales; causas; grupo de empresas; criterios de selección; caducidad.

1. De la «Revolución 4.0» a la «Sociedad Industrial 5.0»: nuevos conceptos, nuevos horizontes legales, nuevos marcos de acción más socialmente condicionados para la promoción de la productividad en la era digital. Al cierre de este editorial, que encabeza el número que abre una ilusionante nueva etapa en la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF (RTSS. CEF), pasando de su tradicional periodicidad mensual a bimestral, el Boletín Oficial del Estado (BOE) estaba en las vísperas de recibir el formidable aluvión de leyes. A través de ellas (en la modalidad de ley ordinaria del Parlamento, o de ley de autoridad gubernamental), tras largos periodos de debate, en unos casos con acuerdo, en otros sin él, se formalizan, por fin, tanto la –numerosas veces anunciada– contrarreforma laboral como la –pactada, salvo ciertos aspectos de los que se ha descolgado la patronal– de seguridad social, en particular en la más potente, y conflictiva, de sus ramas, la de pensiones. Otro sinfín de leyes tienen previsto alimentar las páginas del diario oficial, concurriendo en mayor o menor grado con ambos contextos normativo-institucionales y jurídico-sociales y económicos de reformas, del mercado de trabajo (por ejemplo, la relativa a la estabilización de una inmensa bolsa de fraude en el empleo público estatutario) y de la seguridad social (por ejemplo, la ley del ingreso mínimo vital –Ley 19/2021, de 20 de diciembre, publicada al cierre de este editorial–; el desplazamiento de los incentivos fiscales desde el tercer pilar –planes individuales– al segundo pilar –planes de empleo– de pensiones, a través de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022).
[...]

El derecho de opción que posee, por regla general, el empresario cuando el despido es calificado por quien juzga como improcedente es una de las instituciones más asentadas del ordenamiento laboral y ha sido, en numerosas ocasiones, ratificado tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo. De hecho, su adecuación al marco constitucional, tras haber sido puesta en duda con ocasión de las reformas efectuadas por quien legisla en el año 2012, parece que no deba ser puesta en entredicho. Este estudio, sin embargo, tiene la intención de analizar los aspectos de su diseño que pueden contravenir tanto normas constitucionales (porque argumentos hay para rebatir la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto) como normas supranacionales, particularmente, el Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta Social Europea. Cuestiones tales como si debe ser eliminado del ordenamiento el derecho de opción (apostando claramente por la readmisión en todo caso de la persona despedida), la limitación de los salarios de tramitación, la atribución del derecho de opción o la posibilidad de instaurar un régimen indemnizatorio abierto, no sujeto a una tarificación tasada, serán objeto de examen en las páginas que siguen, porque, estando como parece que estamos a las puertas de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, tal vez sea hora ya de apostar por ciertas reformas a fin de recuperar el desequilibrio que se perdió tras una serie de continuas maniobras legislativas que terminaron por devaluar la posición de quien está empleado frente al despido.

Palabras clave: derecho de opción; improcedencia; readmisión; extinción; indemnización.

Estudio jurisprudencial y judicial centrado en la participación como contratistas de las cooperativas de trabajo asociado en los sectores cárnico y del transporte terrestre de mercancías. En ambos sectores pueden estar produciéndose irregularidades, aparentemente cesiones ilegales, que, sin embargo, constituyen más bien prácticas abusivas que friccionan con el principio de voluntariedad que rige en el acceso al empleo en estas empresas de la economía social. La conclusión es que nuestros tribunales encuentran muchas dificultades, sustantivas y procesales, para dar una respuesta satisfactoria a las reclamaciones de los socios y de las socias que prestan servicios en estas sociedades con el trasfondo del reconocimiento de relación laboral con la empresa comitente.

Palabras clave: cooperativas de trabajo asociado; cesiones ilegales; falsos autónomos; abuso de derecho; principio de voluntariedad.