RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

La reciente Directiva (UE) 2019/1152 relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea supone no solo una revisión de la Directiva 91/533/CEE, sino también un inesperado impulso en la lucha contra la precariedad desde la Unión Europea. En este sentido, la nueva directiva incorpora nuevos derechos mínimos que deben garantizarse a los trabajadores más allá de la simple información de las condiciones de trabajo, incluyendo concretas medidas para garantizar su efectividad.

Palabras clave: información al trabajador; transparencia; condiciones de trabajo; seguridad en el empleo.

La noción de «accidente de trabajo» en nuestro sistema de Seguridad Social, tal como aparece configurada en el actual artículo 156 de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), es en sí misma fruto de un dilatadísimo proceso de perfeccionamiento e incorpora en muchos de sus apartados, a modo de estabilización mediante la intervención legislativa, la doctrina judicial vertida en casos problemáticos. El «éxito» de la noción se debe a su propia elasticidad, abarcando tanto las relaciones de causalidad directa o inmediata («por consecuencia»), como las de causalidad indirecta o mediata («con ocasión»), y ello ha permitido una interesante jurisprudencia que, no obstante episodios de contención de la noción, puede considerarse en términos de «interpretación evolutiva» (Santi Romano), adaptando el propio concepto a la realidad social del momento –la interpretación «sociológica» es reconocible en muchos de los pronunciamientos judiciales en la materia– y aprovechando sus diferentes elementos (trabajo, lesión y relación de causalidad) para abarcar el mayor número de siniestros y patologías posibles dentro de la noción. Quizá a sabiendas de que las «consecuencias como criterio» (Luhmann) haya sido un factor inmanente a muchas de las decisiones judiciales que históricamente han venido aquilatando el amplio concepto jurídico de «accidente de trabajo» en nuestro sistema.

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Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 661/2018, de 21 de junio

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 325/2018, de 20 de marzo

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 1052/2018, de 13 de diciembre

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 684/2018, de 27 de junio

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada 65/2019, de 10 de enero

1. Entre las reformas laborales más polémicas de 2012, quizás también más irracionales jurídicamente, incluso para los intereses de las empresas, estuvo la introducción de un modelo temporal de ultraactividad de los convenios colectivos (art. 86.3 Estatuto de los Trabajadores –ET–). La incertidumbre extrema que genera, tanto para las personas trabajadoras como para las empleadoras, el régimen jurídico aplicable una vez finada la vigencia ultraactiva del convenio sin convenio de ámbito superior que le suceda no solo causa inseguridad jurídica, sino que también es una fuente de gran y peligrosa conflictividad, amenazando la paz social y la propia productividad empresarial. Conscientes de ello, 4 años después, el propio Gobierno autor de la reforma parece que logró un preacuerdo sindical para volver al modelo de ultraactividad indefinida (prórroga automática de las condiciones de empleo, trabajo y previsión social pactadas en convenio hasta que este sea sustituido por otro).

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