RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

La seguridad jurídica es un principio básico en todo Estado social y de derecho. La reinterpretación de una norma con retroactividad supera el equilibrio que ha de operar toda norma con la seguridad jurídica. Esta ruptura debiera traer consigo una responsabilidad patrimonial del Estado.

Palabras clave: retroactividad de la jurisprudencia; responsabilidad patrimonial del Estado.

1. INTROITO: ¿SIRVE EL TC A UNA FUNCIÓN DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EFICAZ?

«Pleitos tengas (en el TC), y los ganes (si tienes la fortuna de que te admitan)». Escribía recientemente el actual presidente del Tribunal Constitucional (TC) español, a propósito de una entrevista profesional conmemorativa del 40 aniversario de la Constitución, que se había marcado, para todo su mandato –iniciado en marzo de 2017–, dos grandes objetivos. El primero, continuista, a fin de que el TC «continúe cumpliendo» su papel de «intérprete supremo» de la Constitución. El segundo, más innovador, de modo que el TC «sirva verdaderamente al ciudadano mediante una eficiente y eficaz impartición de justicia». A tal fin, planteaba reducir la pendencia de los asuntos (justicia no dilatoria), generalizar las «sentencias de gran calidad jurídica» y modernizar la institución mediante una mayor transparencia para la ciudadanía de la función constitucional.

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Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 71/2018, de 21 de junio

Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 81/2018, de 16 de julio

Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2017, de 2 de febrero

En tiempos recientes asistimos a una proliferación de estudios relacionados con las desigualdades que las mujeres sufren en el desarrollo de su actividad laboral. Lejos del enfoque retrospectivo y marcadamente analítico de esos estudios, en este trabajo abordamos una perspectiva proactiva al sugerir la aparición de una nueva barrera para el avance de las mujeres en las organizaciones relacionada con su falta de experiencia internacional. Concretamente, destacamos que en el actual contexto de economía globalizada las capacidades globales del equipo de dirección resultan fundamentales para la expansión internacional de sus compañías, por lo que dichas capacidades son un elemento determinante a la hora de optar a puestos directivos de primer nivel. La forma más rápida de adquirirlas es la ocupación sucesiva de puestos en el extranjero, por lo que si las mujeres –como parece– no son asignadas a dichos puestos, tendrán menos oportunidades que sus compañeros para poder optar a puestos de alta dirección de empresas internacionales. Si a ello se añade que, en la actualidad, la estrategia de expansión internacional es muchas veces de supervivencia para las empresas, el panorama futuro de promoción para aquellas mujeres que deseen una trayectoria directiva de primer nivel se ensombrece. Proponemos, además, diversos escenarios de solución para intentar revertir esta tendencia y mejorar las oportunidades de progreso de las trabajadoras, con lo que, a la larga, se mejoran las de sus empresas.

Palabras clave: mujeres directivas; igualdad; expatriadas; techo de cristal; acciones afirmativas.

El cambio de Gobierno en España ha abierto nuevas expectativas de importantes reformas laborales y de Seguridad Social. La incertidumbre parlamentaria hace dudar del alcance de las mismas. Mientras tanto, desde la llegada del nuevo Gobierno, en el verano de 2018, se han sucedido importantes reformas normativas, que no traen causa de decisiones de soberanía nacional sino de imposiciones del derecho comunitario (desplazamientos transnacionales de trabajadores, movilidad de personas extranjeras con talento, recuperación del derecho a la asistencia sanitaria por personas inmigrantes extranjeras en situación irregular, protección por desempleo de las trabajadoras a tiempo parcial). Asimismo, el TJUE ha seguido dictando importantes sentencias que alteran el contenido de un número destacable de preceptos del Estatuto de los Trabajadores (transmisión de empresa, cobertura del fondo de garantía salarial). De todas estas novedades jurídico-laborales, con un enfoque coherente e integrador, pese a la diversidad de instituciones afectadas, da cuenta, de forma breve, pero analítica y crítica, esta obra.

Palabras clave: desplazamientos temporales intracomunitarios; libertad de prestación de servicios; protección por desempleo; trabajo a tiempo parcial; FOGASA.

1. Sobre la base jurídica del artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET), el pasado 5 de julio de 2018 fue suscrito, de una parte, por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), y de otra, por las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras (CC. OO.) y por la Unión General de Trabajadores (UGT), el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, para los años 2018, 2019 y 2020 (IV AENC).

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