RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

La reciente aprobación de la Ley orgánica de protección de datos personales supone el reconocimiento legal del derecho a la desconexión digital de los trabajadores y funcionarios públicos, cuestión que ha venido formando parte del debate jurídico-laboral reciente, dada la universalización del uso de dispositivos tecnológicos, y su posible invasión del derecho al descanso, la vida privada o sus efectos nocivos para la salud. La norma plantea un nuevo escenario para la reflexión que ha de iniciarse por la propia ubicación de un derecho que, en su caso, reclamaría un tratamiento en un contexto de necesaria reforma de la gestión flexible del tiempo de trabajo, más respetuoso con los intereses de los trabajadores. La redacción legal, deudora de la aprobada en Francia, da un papel central a la negociación colectiva, que debe ser la encargada de definir «las modalidades de ejercicio» del derecho y, por tanto, medidas concretas, directamente exigibles, para lograr la efectividad de este derecho básico. Por su parte, y esta es una de las fallas de la regulación comentada, sería conveniente su engarce con la política preventiva y sus instrumentos. Serán los agentes sociales los encargados de dotar de contenido al derecho y sentar las bases para la política interna que deba desarrollar la empresa, con pocas exigencias legales. Estas cuestiones ocuparán nuestra atención partiendo de una escasa experiencia negociadora donde se echa en falta una adecuada ubicación sistemática, un abordaje integral de la cuestión tecnológica, medidas e instrumentos concretos, y un rol más activo para el trabajador.

Palabras clave: desconexión digital; intimidad; tiempo de trabajo; salud laboral.

La contratación pública es reconocida actualmente como uno de los principales instrumentos para implementar políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de bienestar de la población. Para ello resulta imprescindible el desarrollo de la dimensión cualitativa de esta actividad, en la que precisamente se inscribe la consecución de objetivos de carácter social. El nuevo marco normativo con el que contamos en nuestro país, la Ley 9/2017, enfatiza esta dimensión cualitativa.
Las universidades públicas están llamadas a asumir un especial liderazgo en el desarrollo de esta vertiente de la contratación pública debido a su vocación de ser referentes de transformación y compromiso social, por lo que recae sobre las mismas el deber de explorar al máximo su potencial, tratando de hallar el mejor equilibrio posible entre las exigencias de calidad y la mejor rentabilidad de los contratos públicos.
El objeto de este estudio consiste en conocer en qué medida las universidades están asumiendo este objetivo, al tiempo que trata de evidenciar la falta de adaptación que la aplicación de este régimen general ha representado en ciertos casos al ámbito específico de las misiones universitarias. Al mismo tiempo, analizar las estrategias diseñadas por las distintas universidades durante este primer año de vigencia de la Ley 9/2017 puede tener un importante efecto ejemplarizante para el resto de entidades del sector público y también del sector privado.

Palabras clave: cláusulas sociolaborales; contratación pública; calidad; universidad.

1. El Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, aborda, como cuestión urgente y prioritaria, la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas en el año 2019 de acuerdo con el índice de precios de consumo (IPC) previsto, pero, entre otras, también contiene un importante conjunto de medidas atinentes al estatus jurídico socioprotector de los trabajadores autónomos, a cuya primera aproximación –y con carácter selectivo– se dedica este editorial.

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Este estudio tiene por objeto analizar el régimen jurídico español de los traslados intraempresariales, amparados en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Así se muestran aquellos aspectos positivos de la normativa que sirven para promover este tipo de desplazamientos, pero también aquellas cuestiones que lo entorpecen y, por lo tanto, que deberían ser objeto de mejora.

Palabras clave: traslado intraempresarial; movilidad internacional; normativa española.

El presente trabajo aborda el complejo tema de la discriminación retributiva por razón de sexo. Decimos que es un tema complejo por dos razones. En primer lugar, porque, aunque contamos con una normativa tanto internacional y comunitaria como nacional que recoge el principio fundamental de igualdad retributiva y la prohibición de discriminación retributiva por razón de sexo, las cifras demuestran que la discriminación existe en la realidad del mercado de trabajo –y no solo del español–. En segundo lugar, porque la razón anterior nos ha de llevar a ir más allá para poder encontrar las causas de esta realidad, dado que solo así podrán plantearse soluciones para erradicar la conocida como «brecha salarial de género». Así pues, en las páginas que siguen se analizan, a partir de la normativa supranacional y nacional en vigor, las complicadas causas que generan la brecha salarial y las posibles medidas que se pueden adoptar para superarla y alcanzar que la igualdad de retribución por los trabajos de igual valor sea la única realidad en el mercado laboral.

Palabras clave: principio de igualdad; discriminación retributiva; brecha salarial; pobreza y exclusión social.

Entre las diferentes medidas de índole laboral introducidas por la Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2018 se encuentra la previsión de una ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje, así como una bonificación por conversión en indefinidos de los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes beneficiarios de dicha ayuda económica de acompañamiento. En este trabajo se lleva a cabo un estudio minucioso de la primera de dichas medidas, con la finalidad de analizar si la misma constituye un instrumento válido y eficaz para la consecución del objetivo que se persigue con su implantación, a saber, la inserción laboral de los jóvenes con baja formación.

Palabras clave: jóvenes; desempleo; contratos formativos; inserción laboral.

Este análisis trata sobre cuidados familiares, madres trabajadoras, bonificación contributiva y su extensión, en ciertos casos excepcionales, a los padres trabajadores. Recientemente, ha sido planteada por la Sala Social del TSJ de Canarias cuestión prejudicial ante el TJUE a propósito del «complemento por maternidad», por posible discriminación por razón de sexo, al excluir de forma absoluta e incondicional a los padres trabajadores que puedan probar que han cuidado en exclusiva a los/as hijos/as, como era el caso del demandante, pensionista de jubilación contributiva, viudo y padre de 4 hijos a los que educó en solitario tras morir la madre biológica. La práctica de cuidar no tiene sexo, tiene género, por ello es imprescindible extenderlo a la otra mitad de la población para caminar hacia una sociedad más corresponsable y (realmente) igualitaria.

Palabras clave: discriminación; género; cuidados; sexo.

1. Paradójica «carrera por el talento» en el sistema universitario español: ¿«excelencia» universitaria, «precariedad» laboral?

Al margen de que pueda establecerse (o no) de forma científicamente evidente una relación de causalidad directa entre la «riqueza de las naciones» y su «bienestar social» con su inversión en conocimiento, investigación e innovación, no cabe poner en duda, de forma seria, ni tan siquiera en la época de la «posverdad», que los países que más invierten en educación y ciencia son los más ricos y tienen más cohesión social. Como es natural, se precisa de recursos económicos. Pero, dada la naturaleza de sus actividades, la captación, incentivo, promoción y retención de las personas que han de desarrollarlas se convierten en clave estratégica para su éxito. Aunque no son las únicas, por supuesto, en España, las universidades, además de ser, lógicamente, el centro del sistema educativo superior, ocupan un papel determinante en el sistema de ciencia, tecnología e innovación (SECTI).

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