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RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

El derecho a la prevención: Un análisis del modelo organizativo preventivo español

En materia de prevención de riesgos profesionales se tiene la percepción de que se dispone de un marco normativo que, aunque ofrece innegables aspectos criticables, en términos de conjunto es de gran calidad en sí. Y es que verdaderamente la prevención de riesgos laborales continúa quedando en gran medida relegada a un segundo plano dentro de la gestión dinámica de las organizaciones productivas.
Dentro de los deberes que se le imponen al empleador se encuentra el de garantizar y organizar la prevención de riesgos en la empresa. Y así, la prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.
No obstante, transcurridos 20 años desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es manifiesto que es necesario redefinir el modelo de organización preventiva, realzando que un modelo de prevención de riesgos laborales debe coordinarse transversalmente con las políticas laborales (que determinan las condiciones de empleo) y no parece que una política de riesgos profesionales sea compatible sin más con un modelo generalizado de «precarización» laboral como el que se está implantando paulatinamente en la coyuntura actual no solo en nuestro país, sino también en la mayoría de los Estados de la Unión Europea.
En este contexto discursivo y reflexivo, se destaca cómo las recientes reformas legislativas están replanteando el modelo organizativo de la actividad preventiva y en parte de modo subyacente sus relaciones con la tutela reparadora de Seguridad Social.

Palabras claves: prevención de riesgos laborales, organización preventiva y modelos organizativos.

José Luis Monereo Pérez
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Granada
Director de la Revista Derecho de la Seguridad Social
Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

Belén del Mar López Insua
Profesora Doctora Contratada Laboral de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Granada

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RTSS. CEF. NÚM. 395 (febrero 2016)

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Trabajo productivo (hombre), fuente de riesgo para el trabajo reproductivo (mujer): ¿Qué orden conoce de la responsabilidad?

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1.ª, de 3 de diciembre de 2015, rec. núm. 558/2014

Margarita Miñarro Yanini
Profesora Titular. Universidad Jaume I (Castellón)

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Suicidio, accidente laboral y riesgo profesional: ¿Hora de recanalizar el desbordamiento de un concepto?

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de octubre de 2015, rec. núm. 4319/2015

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático. Universidad de Jaén

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Modificaciones sustanciales y evaluación de riesgos ergonómicos: Un enfoque transversal de la prevención

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 5 de mayo de 2015, RCUD 101/2014

Estefanía González Cobaleda
Investigadora. Universidad de Jaén

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La actuación del Ministerio Fiscal en defensa de la seguridad en el trabajo: Vigésimo aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Código Penal de 1995

Hay que resaltar un dato respecto de la conmemoración de los veinte años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y es que la misma fue publicada en el BOE el 10 de noviembre de 1995, sin embargo, ese mismo año, y con solo dos semanas de diferencia, se publicó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprobaba el Código Penal.
En este planteamiento legal, podríamos decir que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la normalidad de la actividad laboral, en cuanto que su cumplimiento garantiza el valor superior del trabajo seguro, mientras que el Código Penal regula las patologías más graves de esa actividad, cuando el valor superior de la seguridad y salud laboral ha sido seriamente quebrantado, produciéndose un resultado lesivo (muerte o lesiones graves del trabajador) o, incluso, adelantando la barrera de protección penal, cuando se ha creado –por dolo o imprudencia grave– un riesgo grave y socialmente intolerable para uno o más trabajadores.
En este devenir de los 20 años de vigencia de ambas normas, en lo que a la respuesta del tratamiento penal de la siniestralidad laboral se refiere, hay que destacar varios hitos que se ligan a la especialización del Ministerio Fiscal en esta materia.
El Estado ha tratado de hacer frente a la accidentalidad laboral con todos los instrumentos a su alcance, en cumplimiento de su función de procurar la satisfacción del interés social, creando una unidad especializada dirigida por un fiscal de sala coordinador, y la implantación en todas las fiscalías territoriales de secciones especializadas en siniestralidad laboral, que han procurado con todo rigor la aplicación de las normas penales reguladoras de la siniestralidad laboral a aquellos supuestos que por su gravedad entraban plenamente en el campo de aplicación del Código Penal.
La consolidación de las bases sentadas permitirá avanzar en la cultura de la prevención, objetivo prioritario de una ley que supuso importantes innovaciones y a la que, sin duda alguna, le quedan muchos años de vigencia.

Palabras claves: prevención de riesgos laborales, Ministerio Fiscal y normas penales.

Luis Huete Pérez
Exfiscal adscrito al Fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía General del Estado
Fiscal Jefe de Ciudad Real

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Buenas nuevas con ocasión de la celebración del vigésimo aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

A vueltas con la acreditación de los Servicios de Prevención y otras cuestiones sobre el nuevo Cuerpo de Subinspectores Laborales especializados en seguridad y salud en el trabajo

El presente estudio pretende abordar, con ocasión de la celebración en 2015 del vigésimo aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dos reformas normativas recientes que mejoran la regulación de varias cuestiones relevantes del campo de la seguridad y salud laborales en nuestro país. Una de ellas atiende al interés que suscita la clarificación de ciertos aspectos relativos a la acreditación de los Servicios de Prevención ajenos por la autoridad laboral en orden a la reafirmación del principio de unidad de mercado (mediante la publicación del RD 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el RD 39/1997 que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención), y la otra atañe a la trascendencia de la creación de una Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud Laborales dentro del Cuerpo de Subinspectores Laborales de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (merced a la flamante Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social).
El balance de las modificaciones introducidas por el legislador es positivo ya que de seguro favorecerán tanto el funcionamiento y la actuación de los Servicios de Prevención, en aras de una reafirmación de la unidad de mercado, como también ha de servir, en la misma línea no colaborativa con la fragmentación territorial y garante de las competencias exclusivas estatales, para controlar y vigilar más adecuadamente el cumplimiento de las amplias obligaciones en materia de seguridad y salud laborales mediante la instauración, dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de una Escala de Subinspectores Laborales especializados en tal área. En ambas normas late el interés por elevar las cotas de calidad y efectividad en el ámbito preventivo, así como el propósito de recalcar la unidad territorial en materia sociolaboral, a pesar de lo cual es honesto señalar ciertos aspectos críticos de estas iniciativas legislativas.

Palabras claves: prevención de riesgos laborales, servicios de prevención ajenos, acreditación y subinspectores laborales de seguridad y salud en el trabajo, unidad de mercado.

Pilar Conde Colmenero
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad Católica de Murcia

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La nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ha comportado un cambio sustancial del proceso social, como reflejo de las nuevas competencias que asume el orden jurisdiccional social para constituirlo en el orden especializado para el conocimiento unificado de todas las materias sociales en sentido amplio, directamente o por conexión.
La idea básica inicial que motivó la reformulación de la norma procesal social fue la de configurarla como la ley unificadora a favor de los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional social de todas las materias de prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, exceptuando las cuestiones de índole penal; para evitar, entre otros extremos, que en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional el trabajador o empleado accidentado o sus beneficiarios o el empresario o las entidades gestoras o colaboradoras o aseguradoras, fundamentalmente, tuvieran necesariamente, en su caso, que acudir a los juzgados civiles, sociales y contencioso-administrativos para intentar hacer valer sus derechos, bastando con su ejercicio único ante el orden social, y así evitando el denominado «peregrinaje de jurisdicciones» para lograr la mayor seguridad jurídica y celeridad en la respuesta judicial.

Palabras claves: jurisdicción social y prevención de riesgos laborales.

Fernando Salinas Molina
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo

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