Legislación Estatal

El Acuerdo de 24 de marzo de 2025 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, publicado en el BOE del 29 de abril, regula la extensión máxima y las condiciones extrínsecas de los escritos de formalización o interposición y de impugnación de los recursos de casación dirigidos a la Sala Cuarta (Social) del Tribunal Supremo.

La Resolución de 9 de abril de 2025, de la Tesorería General de la Seguridad Social, regula la tramitación electrónica automatizada de determinados procedimientos de altas y bajas de trabajadores. A partir del 1 de junio de 2025, las resoluciones estimatorias derivadas de solicitudes a través del Sistema RED o de actuaciones de la Inspección de Trabajo serán generadas de forma automática, firmadas mediante el sello electrónico de la Tesorería General. La responsabilidad administrativa recaerá en las Direcciones Provinciales correspondientes, estableciéndose también el procedimiento para la impugnación de estas resoluciones.

El Real Decreto 316/2025, de 15 de abril (BOE de 16 de abril), con efectos económicos desde el 1 de enero de 2025, supone un ajuste necesario en la normativa sobre la limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas y su revalorización para el ejercicio 2025. Su aprobación viene motivada por la necesidad de adaptar el marco legal tras la no convalidación del anterior Real Decreto-ley 9/2024 y del subsiguiente Real Decreto 35/2025 (que ahora se deroga expresamente) ofreciendo así una nueva base jurídica que se apoya en el Real Decreto-ley 1/2025.

La Resolución de 4 de abril de 2025, del Instituto Social de la Marina, publicada en el BOE del 11 de abril y en vigor el 12 de abril, responde a la necesidad de adaptar los botiquines sanitarios obligatorios a las condiciones reales de operación de muchos buques pesqueros. Cambios recientes en la normativa marítima permiten a determinadas embarcaciones ampliar su zona de actividad o modificar su clasificación, lo que implica mayores exigencias en cuanto a la asistencia médica disponible a bordo. Además, las campañas prolongadas lejos de la costa y el elevado número de tripulaciones implicadas ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar tanto el contenido como la organización del material sanitario.

La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario (BOE de 2 de abril), modifica el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores para incluir las campañas agrarias y agroalimentarias como circunstancias de la producción que generan un desajuste temporal entre el empleo estable y disponible y que justifican la utilización del contrato de duración determinada previsto para hacer frente a estas coyunturas por las empresas de estos sectores hasta un máximo de 120 días, esto es, 30 días por encima de los 90 establecidos con carácter general.

Estos días no pueden utilizarse de forma continuada, y las empresas deben proporcionar una previsión anual de su uso a los representantes legales de los trabajadores en el último trimestre del año.

La Orden TES/293/2025, de 20 de marzo, publicada en el BOE de 27 de marzo y con entrada en vigor el 28 de marzo, introduce cambios en el procedimiento de reintegro de prestaciones y subsidios por desempleo indebidamente percibidos. Esta norma, en desarrollo del artículo 33.3 bis del Reglamento de desempleo (RD 625/1985, de 2 de abril), establece la cuantía mínima de deuda que exime a la entidad gestora de prestaciones por desempleo de iniciar el procedimiento de recaudación en vía voluntaria.

El principal objetivo de esta orden es optimizar la gestión de los recursos públicos, evitando la tramitación de procedimientos de recaudación cuyo coste supere el importe de la deuda a recuperar. En este sentido, se establecen umbrales mínimos de deuda que justifican el inicio del procedimiento de reintegro, considerando criterios de eficiencia y proporcionalidad.

Las cuantías mínimas que eximen del inicio del procedimiento de recaudación son las siguientes:

En el BOE de 24 de marzo se ha publicado la Orden PJC/281/2025, de 21 de marzo (c/e en BOE de 27 de marzo), que recoge una actualización en el régimen de retribución de los profesionales de la abogacía y la procura que prestan sus servicios en el sistema de asistencia jurídica gratuita.