El Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio (BOE de 30 de junio; entrada en vigor el 1 de julio), prorroga y ajusta diversas medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la crisis en Oriente Medio. Aunque el contenido de la norma se centra principalmente en los ámbitos energético, tributario, agrario y del transporte, incorpora también varias previsiones de interés sociolaboral dirigidas a preservar el empleo y fomentar una movilidad al trabajo más sostenible.
La principal novedad laboral se encuentra en el capítulo V («Medidas de carácter social»), integrado por los artículos 31 y 32, donde se condiciona el acceso a las ayudas públicas al mantenimiento del empleo y al cumplimiento de determinadas obligaciones empresariales en materia de movilidad sostenible.