Legislación Estatal

En el BOE del 28 de diciembre se publica el Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2023, con efectos económicos desde el día 1 de enero de 2023.

De acuerdo con lo previsto en el título IV de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, este real decreto establece una revalorización general de las pensiones y otras prestaciones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas del Estado, del 8,5 por ciento.

La Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas (BOE de 24 de diciembre), modifica en su disposición final duodécima, el campo de aplicación del sistema especial de trabajadores por cuenta agrarios volviendo a la redacción originaria (art. 324 LGGS), que había sido modificado por los RDL 15/2020, de 21 de abril y 19/2020, de 26 de mayo.

La Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso (BOE de 23 de diciembre), modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con varios apartados sobre diferentes materias, la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

La Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de startups, se ha publicado en el BOE del 22 de diciembre y entra en vigor el 23 de diciembre.

Esta ley incorpora un conjunto de medidas fiscales, mercantiles, civiles y, por lo que a nuestro ámbito importa, laborales, reduciendo los obstáculos a la creación y crecimiento de estas empresas emergentes, en particular los atinentes a las cargas sociales y fiscales, las exigencias del derecho mercantil y los trámites burocráticos; promoviendo la inversión en innovación, impulsando los instrumentos públicos para ello y reforzando la colaboración público-privada. Por otra parte, busca favorecer el establecimiento en España de emprendedores y trabajadores de este tipo de empresas, así como de los «nómadas digitales», esto es, de los trabajadores a distancia de todo tipo de sectores y empresas.

El Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre (BOE de 21 de diciembre), con entrada en vigor el 22 de diciembre, aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.

Este real decreto deroga el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, siendo su ámbito de aplicación similar, y el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada, incorporando los preceptos establecidos en él.

La Orden PCM/1237/2022, de 15 de diciembre (BOE de 16 de diciembre), prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo previsto en el artículo 10.3 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre (que finalizaba el 31-12-2022) para que los ciudadanos de la Unión Europea que se desplazan diariamente a Gibraltar para realizar una actividad laboral y que mantienen la residencia en España y no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo de Retirada, puedan acceder a las prestaciones por desempleo, por los períodos de seguro acreditados en Gibraltar antes y después de la finalización del período transitorio, sin que sea necesario que hayan cotizado en último lugar en España.

En virtud de la Resolución de 13 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Seguridad (BOE de 15 de diciembre), a partir de las 00:00 horas del 16 de diciembre de 2022, solo estarán habilitados para la entrada y la salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla los puestos terrestres de El Tarajal (Ceuta) y Beni Enzar (Melilla). Mientras que los demás se mantendrán cerrados temporalmente, a través de los dos indicados solo se permitirá el paso de:

La Ley 24/2022, de 25 de noviembre, publicada y en vigor el 26 de noviembre, reconoce el tiempo de prestación del «Servicio Social de la Mujer» para el cómputo de los períodos mínimos de cotización exigidos a efectos de jubilación parcial.

El «Servicio Social de la Mujer» (organizado inicialmente por la Sección Femenina de la Falange Española) fue una prestación obligatoria para las mujeres que tuvieran entre 17 y 35 años, que estuviesen solteras y que quisieran desde acceder a un trabajo remunerado o a un título académico u oficial, hasta unirse a una asociación, u obtener el pasaporte o el carné de conducir. La «mili de las mujeres», actividad normalmente a tiempo parcial, en lugares próximos al domicilio (escuelas, hospitales, comedores, bibliotecas…) y, generalmente, con una duración entre 3 y 6 meses, estuvo vigente desde 1937 hasta 1978, cuando se suprimió por el Real Decreto 1914/1978, de 19 de mayo.